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EL FUERO DE LEON

Ocio y cultura16 de Julio de 2018

Por Bernardo Luis García Angulo. Abogado. Bibliotecario del Colegio de Abogados de León





Pocos leoneses, y españoles en general, son conscientes del tesoro histórico que tenemos como pueblo, forjado en la Edad Media y que ha dado unos frutos que, por no divulgados, los olvidamos y arrinconamos, cuando no evitamos o escondemos directamente. Sin embargo, los leoneses podemos presumir con orgullo de haber sido el pueblo hispano y europeo que más ha contribuido a los inicios del sistema parlamentario democrático y de defensa de los derechos de las personas. Cabe recordar, por ejemplo, que en el reino de León las mujeres podían ser reinas, (Urraca I, entre 1109 y 1126) en plena Edad Media, cosa que en el siglo XX se discutía en monarquías europeas con mayor renombre y talante democrático.

En el reino de León, se sentaron las bases del sistema parlamentario democrático europeo, celebrándose en 1188 las primeras cortes documentadas de la Historia en las que participaron los representantes del pueblo, de los ciudadanos, los que no eran ni nobles ni eclesiásticos; para crear normas que obligaran hasta al rey, que limitaran el omnímodo poder de este.

Pero ese evento histórico, el comienzo del parlamentarismo democrático, no surge de la nada porque sí, no fue una ocurrencia de buena hora, sino que venía fraguándose en la monarquía leonesa, preocupada por mejorar las condiciones de vida del pueblo llano, de lo que hoy llamaríamos los ciudadanos. Esa preocupación se plasma en los fueros que, desde Alfonso V, se fueron dictando para las distintas poblaciones del reino leonés. Y el primero de ellos, en el que se reflejaron los demás y que sirvió de modelo para otras ciudades y reinos, cuyo milenario celebramos este año, fue el otorgado en León y para León en el año 1017, en la Curia celebrada en la catedral de Santa María el 30 de julio de 1017, en la que participaron todos los prelados, abades y nobles del reino.

En esa reunión se establecieron por mandato del propio rey una serie de normas o decretos (en latín, “decretum” en singular o “decreta” en plural) “que han de ser guardados en el futuro”, y que estaban destinados a ordenar tanto el reino (los 20 primeros) como la ciudad de León (del 21 al 48), y en el que se empiezan a sentar las bases de esos derechos que se les empieza a reconocer a los habitantes.

Analizando el contenido del Fuero de León, vemos que en esos primeros artículos o decretos, relativos a la Iglesia, se observa el reconocimiento de una separación o distinción entre lo que hoy podíamos denominar Iglesia y Estado. Son dos realidades distintas y tienen su regulación diferente, con una prevalencia de aquélla puesta de manifiesto, por ejemplo, en la prioridad de las causas eclesiásticas a la hora de plantear y seguir los juicios; “seguidamente los del rey y, por último, los del pueblo.” Separación que siglos después se diluyó, incluso coetáneamente en territorios cercanos.

Por su parte, en el decreto III se observa esa separación entre Iglesia y Estado al disponer que los monjes, abadesas y religiosos fugitivos permanezcan bajo la potestad o jurisdicción del obispo; lo que viene a poner de manifiesto, por una parte, la existencia de una jurisdicción eclesiástica diferente de la real; y, por otra, el descontrol y relajación de monjes y monjas existente en la época, acrecentado por las depredaciones de Almanzor, que provocó que muchos huyeran de sus monasterios, escapando así de lajurisdicción de sus obispos. Este decreto venía, pues, a poner orden y reconducir cada uno a su jurisdicción. Y en el decreto V se constata esa potestad propia de la Iglesia para obtener justicia, al menos en algunos supuestos, al señalar que “Si acaso alguien matase a un hombre de la Iglesia, y por sí misma la Iglesia no pudiese obtener justicia, que conceda al merino del rey la voz o representación del juicio y que se dividan por mitad la caloña del homicidio”. Es decir, si se da el caso de que la Iglesia no pueda por sus medios obtener justicia, que pida ayuda al merino del rey (una especie de juez u oficial de justicia), y que se repartan entre la Iglesia y el merino por mitad la “caloña”, esto es, la indemnización que se obtenga como resultado del juicio. La iglesia tenía su jurisdicción y el rey la suya, pudiendo pedir ayuda a esta si sus medios eran insuficientes.

En lo que se refiere a las normas civiles relativas a la ordenación del reino, cabe destacar numerosos aspectos que hoy en día nos llaman poderosamente la atención:

Por ejemplo, en la norma VIII se establece que “los homicidios y raptos cometidos por personas ingenuas (libres) se paguen íntegramente al rey”. Es decir, la pena por un homicidio o rapto (se equiparan los dos delitos si tienen la misma pena) no era la pena de muerte, como podía esperarse, sino que era una indemnización económica. Probablemente, el origen de este precepto sea el de incrementar los ingresos del fisco real, muy necesitado de cualquier aportación en tiempos de repoblación, guerras y organización política del reino, después de los años terribles de las incursiones de Almanzor.

Esa equiparación de penas entre delitos tan distantes del homicidio, también la observamos en el decreto XIV, según el cual “el que injuriase o matase al sayón del rey pague 500 sueldos.” Daba igual insultarle que matarle, pues la pena iba a ser la misma: 500 sueldos, que debía ser una cantidad importante, pero lo que llama la atención con los ojos de hoy es que un insulto (que está prácticamente despenalizado en la actualidad) al sayón del rey tuviera la misma sanción que si se le matase.

Equiparación que no es casual, pues en el decreto XXIV se establece una prescripción para el homicidio de ¡9 días!, al señalar que “si alguno cometiere homicidio y pudiendo huir de la ciudad o de su casa no fuere preso durante nueve días, regrese seguro a su casa y se guarde de sus enemigos, sin que pague al sayón (hoy le llamaríamos el funcionario de justicia) o a persona alguna por el homicidio que cometió. Es decir, si pasan esos nueve días sin que la justicia caiga sobre él, ya no se le podrá castigar. Hoy día nos escandalizaría una norma así.

No obstante, la misma norma también contiene otras regulaciones que también nos chocan, pero por otros motivos: continúa señalando que “…si fuere preso dentro de los nueve días y tuviere con qué pagar íntegro el homicidio, páguelo”. Hasta ahí, lo que hemos visto: la pena por un homicidio era una sanción económica. Lo curioso viene a continuación: “y si no tuviere con qué pagar, el sayón o el señor tomen la mitad de su haber mueble, y la otra mitad se reserve para su mujer, hijos o allegados, con las casas y toda la heredad.” Es decir, en caso de no poder atender lo que hoy llamaríamos responsabilidad civil derivada del delito, que no se le embargan todos los bienes, como sucede actualmente, sino tan solo la mitad de sus bienes muebles (no los inmuebles), quedando la otra mitad y los inmuebles reservados para su mujer e hijos.

La razón evidente de esa protección de la vida, en un tiempo en el que era lícita la venganza de sangre, no es otra que la necesidad de repoblar y mantener la población de la ciudad de León otorgando al homicida la posibilidad de escapar a la justicia y permitiendo a su familia el continuar poseyendo bienes, casa y fincas para asegurar su subsistencia. Téngase en cuenta que el reino está en plena repoblación y reorganización tras las invasiones y destrucciones provocadas por Almanzor.

Hay otro precepto dedicado a acercar la justicia al ciudadano, pues se ordena que en León o en las demás ciudades y sus alfoces, haya jueces designados por el rey, que juzguen las causas de todo el pueblo. Incluso, en el decreto XXVIII se determina cuál es el alfoz de León y establece que los habitantes de esas poblaciones vengan a León a pleitear como demandante o demandados. Al mismo tiempo, esos habitantes del alfoz de León, tienen la obligación de venir a defender los muros de la ciudad y a restaurarlos, lo mismo que los ciudadanos de León; eso sí, a cambio de que no paguen el portazgo de ninguna cosa que vendan en ella. Es decir, se establece una obligación y una especie de exención fiscal.

Otra muestra de lo avanzado de la regulación del Fuero de León se manifiesta en que se reconoce, lo que hoy denominaríamos la inviolabilidad del domicilio, al señalar en el decreto XXXVIII que “no entren en huerto de cualquier hombre contra su voluntad ni el merino ni el sayón para tomar de él alguna cosa, salvo que sea siervo del rey.” Y en el XLI: “Mandamos que ni el merino ni el sayón ni el señor del solar ni otro señor entren en la casa de ningún morador de León por caloña (multa o prenda) alguna, ni arranque las puertas de su casa.” La claridad de ambos preceptos es meridiana y no precisa mayor comentario. Un derecho como la inviolabilidad del domicilio, tan denostado en otros tiempos, en plena Edad Media, tenía reconocimiento en el Fuero de León.

Otro ejemplo de lo avanzado del Fuero de León a su tiempo radica en un atisbo de protección de los derechos de la mujer que se recoge en varios preceptos: por ejemplo, en el XXXVII: permitiéndoles negarse a ser llevadas a elaborar el pan del rey, salvo que fuere su sierva, lógicamente. En la época, el rey podía obligar a cualquier mujer del reino, allá por donde fuere, a que elaborase el pan de aquel. Sin embargo, le concede el privilegio a las mujeres de la ciudad de León de negarse a ello: “ninguna mujer sea llevada contra su voluntad a elaborar el pan del rey, salvo que sea su sierva.” Por su parte, el decreto XLII, establece que ninguna mujer en León sea presa, ni juzgada, ni procesada en ausencia de su marido. Con lo cual se logra una protección en los momentos de mayor debilidad de la mujer, que son aquellos en los que no está su marido (algo frecuente al existir campañas militares todas las primaveras), lo que no deja de ser un pequeño avance en una sociedad en la que el rapto de mujeres tenía una pena escasa a nuestros ojos de hoy.

Por último, voy a referirme a un aspecto del Fuero de León, que merecería un comentario aparte y es el relativo a la protección del mercado. Ya hemos visto cómo los habitantes del alfoz de León tenían la obligación de defender la ciudad y a cambio se les eximía de pagar el tributo del portazgo por lo que vinieren a vender a León. Eso demuestra que en León, a principios del S. XI el mercado era una actividad importante, en donde venían gentes de fuera a vender su producto; y el Fuero no solo no es ajeno a ello sino que decididamente lo admite y defiende. Para empezar, se reconoce una especie de libertad de mercado: no se exigía la venta exclusivamente en el mercado (que “de antiguo se celebra los miércoles”; tradición que se continúa manteniendo en la Plaza Mayor…), sino que podía venderlos en su propia casa, lo que indudablemente facilitaba la posibilidad de comerciar. Además en diversos decretos se mencionan distintos tipos de comerciantes (vinateros, panaderas, carniceros, pescaderos) y se mencionan, sobre todo, para proteger a quien hoy llamaríamos consumidor, pues se quiere vigilar y controlar la legalidad de los pesos y medidas: “Si alguno disminuyese la medida del pan o del vino pague cinco sueldos al merino del rey”; o “Todo habitante de la ciudad venda sus viandas en la propia casa por recta medida y sin engaño”; o “las panaderas que falseen el peso del pan, la primera vez sean azotadas, pero la segunda paguen cinco sueldos al merino del rey”. Para ello, para garantizar las medidas, el decreto XXIX establecía que “Todos los habitantes dentro y fuera de los muros de dicha ciudad (León) tengan y usen un solo fuero, y en el primer día de cuaresma, vengan al cabildo de Santa María de Regla (a la catedral) y establezcan las medidas del pan, del vino y de la carne, y el salario de los trabajadores, de manera que toda la ciudad tenga justicia en aquel año; y si alguno quebrantare este precepto, pague cinco sueldos de la moneda regia al merino del rey”. Con ello vemos el interés por proteger a la población, al pueblo llano, no solo a los consumidores, sino también a los trabajadores: se establecía anualmente lo que hoy podíamos llamar un salario no ya mínimo, sino justo, el que debían percibir durante todo un año.

Y para concluir, no puedo evitar referirme a la sanción final contenida en el decreto XLVIII para aquellos que osaren desobedecer el Fuero: “Quien de nuestro o de extraño linaje intentare a sabiendas quebrantar esta nuestra constitución, quebradas las manos, los pies y la cerviz, sacados los ojos, derramados los intestinos y herido de la lepra, así como de la espada del anatema, padezca las penas de la condenación eterna con el diablo y sus ángeles”. Una forma de castigar con todos los males posibles, terrenales e infernales.



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