Julio Sanz: “La situación de los profesionales del turno de oficio debe ser escuchada y atendida por el Ministerio de Justicia, no admite más dilación”

El presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León (CACYL), Julio Sanz Orejudo, califica el año 2023 como “complicado, lleno de incertidumbre, preocupación e impotencia”, y se marca como retos para el Consejo y para la profesión en este nuevo ejercicio el mantenimiento y la mejora del trabajo que se viene realizando desde el Consejo en colaboración con todos los colegios de la Comunidad y las administraciones, así como la defensa de los avances que necesita la Justicia y el colectivo de la abogacía para salir de la situación de caos e injusticia con el trabajo de sus profesionales.

Julio Sanz Orejudo ejerce como máximo representante de la abogacía castellana y leonesa desde 2017. Es segoviano, de El Espinar, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y colegiado de Segovia desde 1980. En 2008 fue elegido decano del Colegio de Segovia, cometido previo a su responsabilidad actual como presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León (CACYL).

¿Cómo ha sido el 2023 para la abogacía de Castilla y León? ¿Qué momentos resumen el año?

Muy complicado, ha sido un año de incertidumbre, de enorme preocupación e impotencia. La paralización de la Justicia durante más de ocho meses fue una realidad que causó daño a la profesión, al sector de la Abogacía y, ni que decir tiene, a los ciudadanos. Las huelgas que se sucedieron y el parón por las elecciones vinieron a complicar aún más la deteriorada situación de la Justicia, sin medios, sin recursos y en el mismo abandono de siempre, quebrando la confianza de los ciudadanos y de los profesionales.

¿De qué manera impactaba la huelga de funcionarios de Justicia con la que se iniciaba el 2023? ¿Se han recuperado los tiempos?

Íntegramente en el trabajo de los profesionales, repercutiendo gravemente en los despachos. La paralización afectó a la mayor parte de los órganos judiciales y a todos los actos judiciales. La abogacía vivió esta situación con resignación, malestar y tensión haciendo continuas y repetidas llamadas al encuentro y al dialogo. Los abogados nos movemos en el mundo de los derechos y debíamos ser respetuosos con el derecho de huelga, en respeto a las reivindicaciones planteadas, y al mismo tiempo debíamos exigir el respeto a nuestro trabajo y a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos. Se nos hizo poco o ningún caso.
La respuesta judicial, antes muy tardía, se ha demorado y no se va a recuperar en mucho tiempo. Si eran necesarios medios y refuerzos, ahora con mayor motivo. El caos y colapso han invadido muchos órganos judiciales.
En el plano legislativo se paralizaron importantes proyectos, entre otros, la Ley Orgánica del Derecho de Defensa, tan importante para la abogacía, y ahora se aprueban con el ruido de sobra conocido importantes leyes para la justicia: la Ley Ómnibus, los proyectos de ley de eficiencia procesal y de eficiencia digital en la Administración de Justicia… que esperemos tengan un cauce de debate parlamentario que permita, a futuro, mejorar las mismas si no queremos pervertir el Derecho y el proceso. Espero que lo de los juicios telemáticos sea un canto al sol, bien por la reforma del proyecto en vía parlamentaria o bien por el sentido racional y sentido común de los jueces en la aplicación de las leyes.

La profesión reclama desde hace años una remuneración justa para el Turno de Oficio. Parece que hay compromiso por parte del Ministerio. ¿Confía en que se ‘haga justicia’ con este colectivo que garantiza el acceso de la ciudadanía a la justicia gratuita?

Los compromisos y las buenas palabras hay que ponerlas a beneficio de inventario. La buena voluntad se presume siempre y, en tantos años de profesión, he conocido la mejor disposición de los ministros y secretarios de Estado al tiempo que la falta de respuesta económica en los presupuestos y en la realidad.
La situación de los abogados/as del turno de oficio, su encomiable labor, muy valorada por los ciudadanos, debe ser escuchada y atendida por el Ministerio de Justicia, no admite más dilación. El acceso a la Justicia de las personas vulnerables y el cumplimiento del art. 119 de la Constitución se desarrolla por la disposición y trabajo de los abogados y desde los poderes públicos no se puede vender la política social y el beneficio que comporta a costa del trabajo de estos profesionales.
Desde este foro quiero agradecer la labor que siempre ha desarrollado la abogacía bajo el amparo y organización del servicio por los colegios de abogados, y espero de los responsables actuales del Ministerio, con el ministro a la cabeza, el reconocimiento de este colectivo por su contribución al servicio público de la Justicia y la debida actualización de las compensaciones y el pago de todos los actos jurídicos y procesales que requieren la presencia e intervención de los abogados en los órganos judiciales o en su actividad en los expedientes y procedimientos en los que son designados.

¿Qué otros retos se presentan para este 2024?

Debiera ser la legislatura de la Justicia, de su modernización, de la renovación del CGPJ, de la puesta en marcha de la digitalización de la Justicia y la reorganización de la Oficina Judicial, de humanizar la Justicia, del respeto y buenas relaciones; la legislatura en que la tutela judicial tenga respuesta en tiempo razonable, que el expediente electrónico sea una realidad que facilite el trabajo de los profesionales; la legislatura de impulso de los proyectos legislativos pendientes (Ley del Derecho de Defensa, modificación de la Ley de Justicia Gratuita…), y la legislatura en que se avance en el Pacto de Estado que desde hace muchos años reivindica la abogacía, con nuestra presidenta Victoria Ortega a la cabeza, porque para avanzar en justicia se requiere la contribución de todos…

A nivel del Consejo, ¿cómo se encara este 2024?

Con fuerza, con la unidad de todos los colegios de abogados de la Comunidad y con ganas de contribuir, desde el Consejo, a la mejora de la actividad de la abogacía de Castilla y León. Asimismo, con preocupación por la situación actual, que afecta directamente al trabajo de los abogados/as y con la responsabilidad que conlleva la representación de nuestro colectivo para seguir ofreciendo servicios desde el Consejo en beneficio de los abogados/as en formación, tecnología, comunicación, resolución en vía administrativa de los recursos de alzada de nuestra competencia en el ámbito de deontología… Además, queremos impulsar y mantener los convenios que tenemos suscritos con la Junta de Castilla y León, el CGPJ y defender la institución y su legitimidad de representación del colectivo profesional y al servicio de los colegios de abogados y de sus profesionales.
El CACYL, así como los nueve colegios que lo integran, siempre ha mostrado un firme compromiso con la lucha contra la violencia de género. De hecho, el pasado año se celebraban en la Comunidad, en Valladolid concretamente, unos cursos especializados sobre violencia de género y delitos de agresión sexual. ¿Qué conclusiones se pueden extraer de los datos en materia de denuncias, expedientes de justicia gratuita…? ¿Y cómo seguir contribuyendo a esta cruzada social?
Llevamos años participando y colaborando con el objetivo violencia cero de la Junta de Castilla y León y contra las agresiones sexuales a víctimas y menores desde dos ámbitos: la formación y las intervenciones en los procedimientos en defensa de las víctimas. La implicación de la abogacía de nuestra comunidad es muy importante y bien valorada por los profesionales y los ciudadanos. Vamos a seguir participando y aportando lo mejor de nuestros profesionales para ayudar a las víctimas en este drama social con el mejor asesoramiento jurídico.
La violencia de género, vicaria, agresiones sexuales y conductas delictivas de menores y jóvenes en redes o través de redes sociales siguen ocupando una parte importante en la presencia y asistencia de los abogados en estos conflictos. Nuestra apuesta por la formación especializada, como venimos haciendo, es muy importante.

¿Ve fin a la situación de bloqueo en la renovación del CGPJ? ¿Qué consecuencias tienen estas crisis en el órgano de gobierno del Poder Judicial en España?

Quiero pensar que sí. No puede ser que se siga en el bloqueo e incumplimiento de la Constitución de parte de sus miembros, el ejemplo que trasladan a la Sociedad es poco o nada edificante. La situación actual, desde hace mucho tiempo, trasciende al funcionamiento de los órganos judiciales, y la paralización de la función jurisdiccional en muchos tribunales, al sistema democrático, a sus instituciones, al respeto a los ciudadanos y al sistema judicial en su conjunto. Es hora ya de poner fin a esta situación.

¿Considera que pueda existir una ‘crisis de fe’ en la Justicia entre la ciudadanía?

La situación de caos en la justicia, de colapso y falta de respuesta a los ciudadanos hace mella en la ciudadanía, como no puede ser de otra manera, la confianza se resiente. Luego está que el debate en los conflictos se mueve al 50% entre las partes y las resoluciones judiciales favorecen a unos en tanto otros se sienten perjudicados, sin embargo, los ciudadanos siguen mayoritariamente acudiendo a los juzgados para que sea un juez quien resuelva su conflicto. No obstante, la quiebra de la confianza en la Justicia es una realidad imparable si no se revierte la situación actual.

La digitalización ha supuesto enormes cambios tanto a nivel profesional como procedimental. Tanto los colegios profesionales como el Consejo autonómico y el nacional han puesto a disposición de colegiados y colegiadas formaciones, herramientas… que faciliten esta adaptación, ¿cuál ha sido la evolución en este sentido? ¿Qué se podría mejorar?

La abogacía es consciente de que tenemos que adaptarnos a la nueva realidad en el ejercicio de la actividad y al uso de las herramientas de la tecnología que han llegado para quedarse con un cambio estructural que nos obliga a trabajar de otra manera distinta. Desde el Consejo realizamos apoyo en formación que nos ayude a movernos en este nuevo terreno de juego, ahora bien, la modernidad en el campo de la digitalización de la Justicia no va a resolver los problemas de la Justicia. Son necesarios contrapesos que eviten y no agoten la función del abogado en el ejercicio profesional. Considero que vamos a seguir siendo necesarios para los ciudadanos y para los órganos judiciales y debe contarse con la abogacía para implementar y participar en las medidas que se adopten.
Existe preocupación entre el colectivo por las condiciones de jubilación. ¿Qué solución considera apropiada a esta reivindicación?
Desde la abogacía institucional se viene trabajando por la mejora y solución de esta situación que afecta a no pocos compañeros para que sus condiciones de jubilación sean dignas. En este sentido, apoyamos desde el Consejo las propuestas que se han planteado al Ministerio de Seguridad Social para que las aportaciones realizadas por estos abogados/as a la Mutualidad puedan ser transferidas al RETA, sin perjudicar al resto de mutualistas, y se puedan tener prestaciones mínimas acordes con la prestación mínima de jubilación en el RETA, así como mejorar el tratamiento fiscal de las rentas que se perciban.

Puntos fuertes y débiles de la abogacía de Castilla y León.

La abogacía de Castilla y León es competente, experta y responsable. Abogados generalistas en su mayor parte con una formación importante, muy cercana al ciudadano del lugar, ejemplar y solidaria, como se pone de manifiesto en la participación en los Servicios de Orientación Jurídica de los colegios de abogados de la Comunidad. Además, es respetuosa con la Administración de Justicia y colaboradora con los órganos judiciales.
La precariedad en la profesión, la extensión territorial de la Comunidad, la realidad de la España vaciada en el medio rural y la reducción de actividad económica complican la actividad profesional y suponen un importante esfuerzo de los abogados para poder seguir manteniendo la actividad en muchos despachos.
Quisiera por último expresar en este foro, el aprecio por los decanos del Colegio de León con los que he tenido el privilegio de trabajar en el Consejo: Ricardo Gavilanes, José Luis Gorgojo y, actualmente, Fernando Rodríguez Santocildes, grandes abogados y enormes personas, a quienes agradezco que hayan colaborado con el Consejo con responsabilidad y lealtad, y de quienes he recibido siempre su consideración.