(abogacia.es)

La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha defendido hoy en la apertura del Año Judicial la independencia de los jueces como “condición imprescindible” para proteger los derechos de los ciudadanos.

En un acto presidido por el Rey en el Tribunal Supremo y al que ha asistido el presidente de la Abogacía Española, Salvador González, Perelló ha calificado de “inoportunas y rechazables” las descalificaciones procedentes de poderes públicos contra la Justicia, al advertir de que socavan la confianza ciudadana y contravienen las recomendaciones de la Comisión Europea sobre respeto a la separación de poderes.

La máxima representante del Poder Judicial ha recalcado que la independencia no es un privilegio de los jueces, sino una garantía para la ciudadanía, y subrayó que las críticas legítimas no deben confundirse con intentos de desacreditar a los tribunales. “El Poder Judicial no entrará en disputas ni reproches estériles, pero defenderá con firmeza los principios que le hacen digno de ese nombre”, señaló durante su discurso.

En su balance del primer año de mandato al frente del CGPJ, Perelló ha destacado la cobertura de 161 vacantes judiciales, de las cuales un 42 % recayeron en mujeres. Sin embargo, ha alertado de la “alarmante” falta de jueces en España, donde la media de 11,9 jueces por cada 100.000 habitantes está muy por debajo de los 17,4 de los países del Consejo de Europa. Según advirtió, esta carencia compromete seriamente la efectividad de la Justicia, por lo que ha reclamado la creación urgente de al menos 509 nuevas plazas.

Asimismo, ha subrayado que las dilaciones en los procedimientos son “inaceptables en una sociedad democrática avanzada” y reclamó medidas para agilizarlos, incluida la regulación pendiente del Gabinete Técnico del Supremo. También ha pedido que las reformas legislativas que afectan a la Carrera Judicial se lleven a cabo mediante diálogo institucional y con la participación del CGPJ, con el objetivo de reforzar la independencia y el correcto funcionamiento de la Justicia.

El año judicial 2025-2026 será clave por la profunda transformación que se está produciendo en el funcionamiento de juzgados y tribunales. Y también porque podría ver la luz la ley que ofrecerá una solución para las pensiones de los mutualistas de la abogacía.