(abogacia.es)
El Consejo General de la Abogacía Española va a ofrecer desde el 16 de septiembre el primer Curso de introducción a la figura del facilitador procesal, organizado por su Grupo de Trabajo de Personas con Discapacidad. El plazo de inscripción ya está abierto.
El programa busca acercar a los profesionales de la abogacía a esta figura, prevista en el artículo 7 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuya misión es garantizar la accesibilidad, comprensión y participación de las personas con discapacidad en los procesos judiciales. Con estas sesiones, la Abogacía reafirma su compromiso con una justicia inclusiva, y garantista, en línea con los principios de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
La formación abordará temáticas clave como el marco legal del facilitador, el modelo social de la discapacidad, su aplicación en los ámbitos civil, penal y laboral, la perspectiva de la fiscalía y la judicatura, la mediación y el derecho de familia, así como su intervención en procedimientos policiales.
El curso, de 18 horas distribuidas en seis sesiones entre el 16 de septiembre y el 2 de octubre de 2025, se impartirá en modalidad online a través de la Plataforma de Formación del Consejo General, con una primera sesión híbrida en la sede de la Abogacía.
Las sesiones abordarán aspectos legales, prácticos y multidisciplinares, con ponentes especializados de la abogacía, la judicatura, la fiscalía y los cuerpos policiales. Entre los ponentes se encuentran el abogado Carlos Fernández Pascual; el trabajador social Israel Martínez Saá ; la fiscal delegada de discapacidad de Las Palmas Rosa María Rubio Ramos; el magistrado Arturo Merino Gutiérrez, y representantes de la Policía Nacional y Municipal, entre otros.
La metodología se basa en clases en directo gratuitas, interactivas y participativas, que combinarán exposición teórica y talleres prácticos. Con esta iniciativa, la Abogacía refuerza su compromiso con la accesibilidad y la inclusión en la justicia, contribuyendo a la consolidación de una figura clave para garantizar los derechos de las personas con discapacidad.
