(abogacia.es)

l presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, ha reclamado hoy en Lugo, en las XII Jornadas de Abogados y Abogadas contra la violencia de Género, “una justicia cercana para las víctimas” y ha advertido de que la concentración de juzgados de violencia de género podría producir “un distanciamiento de la justicia respecto de las propias víctimas”.

“El nuevo modelo de planta no puede castigar a los partidos judiciales pequeños o despoblados, porque con ello se está castigando también a las víctimas, lo cual es inaceptable”, afirmó el presidente de la Abogacía, en referencia a los cambios introducidos por la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

González también se refirió a los fallos detectados en las pulseras telemáticas para maltratadores y pidió que se corrija “toda deficiencia que pueda poner en riesgo la vida de las mujeres”. “Estos dispositivos son vitales para su protección, no cabe el más mínimo fallo, la confianza en la red ha de ser absoluta”, aseguró.

Además reiteró otra de las principales reivindicaciones de la Abogacía:  la preceptividad de la asistencia letrada a las víctimas antes y en la formulación de la denuncia.  “Una medida avalada incluso por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Poder Judicial, pero que inexplicablemente sigue sin estar en nuestras leyes”, lamentó.

Y se refirió a la necesidad de abordar desde las leyes la violencia vicaria y la violencia económica.

En la inauguración intervino también José Félix Mondelo, decano del Colegio Provincial de la Abogacía de Lugo; Marga Cerro, vicesecretaria General del de la Abogacía y  presidenta de su Comisión de Igualdad;  Roberto Barba Alvedro, director General de Lucha contra la Violencia de Género, Xunta de Galicia; Olga López, teniente de Alcalde y concejal de Cohesión Social del Concello de Lugo y Fernando Rodríguez, presidente de la Subcomisión de Violencia sobre las Mujeres de la Abogacía.

José Félix Mondelo insistió en la necesidad de sensibilizar a toda la sociedad y ofrecer esperanza para erradicar una “lacra lamentable” como el maltrato. Fernando Rodríguez reclamó una sensibilidad real para garantizar una defensa de calidad en toda España y la obligatoriedad del asesoramiento previo a la denuncia. Y Marga Cerro resaltó la empatía con las víctimas: “que sepan que siempre van a tener un abogado o abogada a su lado”.

Por otra parte, Roberto Barba alertó de que el “94 % de la IA representa pornografía no consentida”. Recalcó que es un problema colectivo y que toda ayuda a las víctimas debe basarse en “sensibilización, prevención y detección”.

Olga López advirtió de que las consecuencias de la violencia pueden ser irreversibles y defendió la educación en valores y la sensibilización no sexista.

Durante dos días más de 150 abogados y abogadas especializados analizarán la Ley Orgánica 1/2025. También se tratará la comarcalización de los juzgados y sus efectos en la asistencia letrada, la asistencia a las víctimas de violencia económica, vicaria, sexual y la realidad de los menores víctimas de violencia.

La fiscal delegada de Violencia de Género de la Fiscalía Superior de Galicia, María Elena Steinger participó en la Mesa 1, «Principales retos en la defensa de las víctimas de violencia de género», quién advirtió que la negación de la violencia de género sigue siendo “una constante basada en argumentos falaces”, y subrayó la necesidad de una formación integral de los profesionales, con perspectiva de género, enfoque jurídico e interseccionalidad. La fiscal insistió también en la importancia de la educación en igualdad desde edades tempranas: “Si no ayudamos a nuestros niños a reconocer los patrones de supremacía del hombre sobre la mujer, difícilmente podremos avanzar”, señaló.

La magistrada de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Isabel Durán, intervino en la Mesa 2, «Violencia económica», quién la definió como “una de las formas más persistentes y a la vez invisibilizadas de violencia”, y subrayó la necesidad de su reconocimiento legal efectivo. En su ponencia, propuso la tipificación penal autónoma de esta modalidad, planteando dos posibles vías de reforma del Código Penal: la incorporación de un nuevo tipo penal dentro de los delitos contra las relaciones familiares o la modificación del artículo 227 para ampliar su alcance.

La magistrada titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Jaén, Isabel María Moreno, participó en la Mesa 3, «Aspectos sustantivos y organizativos en el ámbito de violencia sobre las mujeres de la Ley Orgánica 1/2025″. Moreno fue contundente en su crítica a la falta de medios en la Administración de Justicia, especialmente en un ámbito tan sensible como el de la violencia de género. “Una justicia sobrecargada no es protección”, advirtió, al referirse al impacto de la comarcalización y a la nueva carga de trabajo que asumirán los juzgados especializados.

La magistrada explicó que la asunción de nuevas competencias por parte de los juzgados de violencia sobre la mujer ya está generando problemas prácticos, especialmente a raíz de la disposición transitoria 19 de la nueva ley, que establece como criterio la fecha de incoación del procedimiento con independencia de la fecha de comisión del hecho, lo que, según señaló, entra en conflicto con otros preceptos legales.

En la Mesa 4, «Comarcalización de los juzgados y su incidencia en la asistencia letrada», las ponentes coincidieron en que la centralización, sin medios suficientes y sin atención presencial, puede poner en riesgo la confianza de las víctimas y debilitar su acceso a la justicia en condiciones de igualdad y seguridad. María Iglesias Bueno, jueza de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia nº 1 de Verín (Ourense), señaló la vulnerabilidad de una zona rural y fronteriza, con víctimas inmigrantes, refugiadas o de trata, y alertó de que la falta de oficinas de asistencia puede obligar a las víctimas a declarar por videoconferencia desde una comisaría o un cuartel, una situación que, según afirmó, “no afirma la confianza en el sistema y puede desincentivar la denuncia”.