(abogacia.es)
Por Fernando Rodríguez Santocildes, decano del Colegio de la Abogacía de León y presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León.
Han transcurrido ya cincuenta y cinco años desde que la ciudad de León acogiera, en junio de 1970, el IV Congreso Nacional de la Abogacía Española. Medio siglo largo que no ha conseguido diluir ni el eco de aquellas voces ni la hondura de un encuentro que marcó un punto de inflexión en la historia de la abogacía y, en cierto modo, en el proceso de transformación política que llevaría a España hacia la democracia.
Aquel congreso no fue simplemente un evento corporativo. Fue una toma de conciencia colectiva. Un gesto de afirmación ética y profesional que, en un contexto autoritario, anticipaba los valores del Estado de Derecho que consagraría la Constitución Española de 1978. Fue, también, la confirmación de que la abogacía, cuando se reconoce como garante de los derechos fundamentales, puede convertirse en fuerza moral, en brújula social, en conciencia cívica.
Un congreso en el umbral del cambio
León fue elegida como sede bajo la premisa de neutralidad política. Según Luis Revenga Domínguez, abogado leonés e impulsor principal del evento, se trataba de una ciudad “escasamente politizada… donde pudiera trabajarse bajo una perspectiva estrictamente profesional y no política”. Sin embargo, la realidad pronto desbordó esa intención. Más de mil abogados y abogadas se reunieron en la ciudad, muchos de ellos, nombres que después formarían parte activa del proceso constituyente: Miguel Roca, Antonio Garrigues, Gregorio Peces-Barba, Manuela Carmena, Cristina Almeida, Francisca Sauquillo, Pablo Castellanos, Óscar Alzaga, Joaquín Ruiz-Giménez.
Desde León, también alzaron su voz compañeros como Juan Rodríguez García-Lozano, Urbano González Santos-Díaz Caneja, José María Suárez González o Juan González- Palacios Martínez, que llegarían a ser decanos del colegio además de otros compañeros como Ángel Emilio Martínez García o Carlos Callejo de la Puente entre otros.
La imagen simbólica de aquel congreso fue, sin duda, la salida en silencio de un grupo de congresistas durante la intervención del Ministro de Justicia en la sesión inaugural. Un gesto sereno pero rotundo que fue recogido incluso por el diario francés Le Monde como signo de autonomía y espíritu crítico frente al régimen.
De la abogacía introspectiva a la abogacía social
Hasta entonces, los congresos se habían centrado casi exclusivamente en cuestiones internas de la profesión: colegiación, deontología, funcionamiento de los colegios. León supuso un viraje hacia la abogacía social.
Se abordaron problemas de enorme trascendencia —y aún hoy no del todo resueltos— como la insuficiente previsión social del colectivo, la necesidad de una protección integral frente a la vejez, invalidez o viudedad. En 2025, seguimos reclamando una pasarela legal al RETA que reconozca y garantice pensiones dignas para los profesionales con independencia de cuál haya sido su forma de ahorro o cotización, y cuya tramitación parlamentaria exige un impulso urgente y sin demora.
Se debatió también sobre la dignificación del Turno de Oficio y de la Justicia Gratuita, pilares indispensables para asegurar el derecho efectivo de defensa. Hoy seguimos alzando la voz, pues si bien en su día la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita de 1996 supuso un avance, aún exigimos una norma renovada que reconozca el valor real y dignifique el trabajo de quienes garantizan el acceso a la justicia para los más vulnerables.
También se abordaron otras cuestiones estructurales como el intrusismo profesional, la fiscalidad o la regulación del profesional de la abogacía de empresa, muchas de ellas objeto de reformas parciales en los años posteriores, pero siempre pendientes de una revisión y actualización.
Una abogacía que alza la voz por la libertad
Pero León fue más que una agenda técnica. Fue un grito contenido por la libertad. Allí se defendieron los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se pidió el fin de los tribunales de excepción como el Tribunal de Orden Público, se reclamó una justicia imparcial y ordinaria, se alzó la voz contra la pena de muerte, y se propuso una amnistía para los delitos políticos y sociales.
Aquella cita fue, sin saberlo del todo, el primer acto colectivo de la abogacía camino del constitucionalismo. El congreso de León sembró una conciencia que germinaría años más tarde con la promulgación de la Constitución Española de 1978, y cuya defensa ha sido y sigue siendo la razón de ser de la abogacía.
Poco tiempo después, esa misma conciencia pagaría un altísimo precio: el asesinato de los abogados de Atocha en enero de 1977 —colegas que dieron su vida por el derecho, la libertad y la justicia— marcó a toda una generación y nos recordó, con sangre y luto, que ejercer la abogacía en defensa de los derechos humanos es, en ocasiones, un acto de heroísmo.
Así lo han recogido obras recientes que recuperan y relatan con profundidad aquel hito histórico, como el documental de Pilar Pérez Solano “La defensa, por la libertad”, o el libro de Fernando Jáuregui “Los abogados que cambiaron España”, donde se recoge con claridad cómo aquel congreso sembró no solo ideas, sino una actitud: la de una abogacía comprometida, consciente, valiente
Memoria, compromiso y porvenir
Hoy, en una sociedad jurídicamente más compleja y digital, institucionalmente tensionada y políticamente polarizada, el papel de la abogacía como garante de derechos y libertades resulta más necesario que nunca. Sin abogados y abogadas libres e independientes, no hay tutela judicial efectiva, no hay ciudadanía activa, no hay democracia sólida.
La reciente aprobación de la Ley Orgánica del Derecho de Defensa, que reconoce esta garantía con entidad propia, es un paso histórico. El respeto a la confidencialidad, la libertad de actuación, y la protección frente a injerencias externas dejan de ser aspiraciones y pasan a ser compromisos normativos. Es, sin duda, un logro que honra el espíritu de León 1970.
Pero la obra no está terminada. Mientras no logremos una previsión social justa, un Turno de Oficio verdaderamente digno y unas condiciones que garanticen la sostenibilidad del ejercicio libre, el derecho de defensa seguirá siendo, en parte, una promesa pendiente.
Y por eso hoy evocamos León. No solo como memoria, sino como compromiso. Porque recordar no es anclarse en el pasado, sino comprometerse con el presente y con el futuro.
Desde entonces, presidentes como Antonio Pedrol, Eugenio Gay, Carlos Carnicer, Victoria Ortega y, en la actualidad, Salvador González Martín han encarnado esa continuidad institucional y ese espíritu reformista que nació en León. Su legado y su labor ha sido y sigue siendo esencial para preservar la dignidad y la independencia de la abogacía española.
Porque, como escribió José Saramago:
“Somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. Sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizá no merezcamos existir.”
