(abogacia.es)
El Consejo de Ministros ha aprobado la nueva Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LOECrim), la primera ley procesal penal de la democracia, que sustituirá a la de 1882.
La norma atribuye las investigaciones penales al Ministerio Fiscal, tal y como ocurre en la mayoría de países europeos, moderniza los procedimientos y refuerza las garantías para investigados y víctimas. Entrará en vigor el 1 de enero de 2028 y no afectará a los procesos en curso, según ha informado el Gobierno tras el Consejo de Ministros.
Las novedades más destacables del proyecto de ley son:
• El Ministerio Fiscal dirigirá la investigación penal, bajo el control de un juez de garantías, mientras otros jueces decidirán sobre la apertura del juicio y dictarán sentencia.
• Crea la figura del juez de garantías, encargado de proteger los derechos fundamentales y autorizar medidas cautelares.
• Simplifica el proceso penal, limitando recursos e impulsando los acuerdos de conformidad para evitar juicios innecesarios.
• Refuerza las garantías procesales de investigados y víctimas, especialmente menores y personas vulnerables, e introduce la justicia restaurativa.
• Incorpora nuevas técnicas de investigación, como ADN, biometría o sistemas basados en Inteligencia Artificial.
• Delimita la acusación popular, restringiendo su ejercicio a quienes acrediten un interés legítimo y en delitos de especial relevancia social.
• Integra el tribunal del jurado en la propia ley, eliminando su regulación separada.
La LOECrim reforma el Estatuto del Ministerio Fiscal para reforzar su independencia: el Fiscal General del Estado tendrá un mandato de cinco años, no coincidente con el del Gobierno, y solo podrá cesar por causas justificadas.
Se eliminan las instrucciones políticas en casos concretos, se refuerza el papel de la Junta de Fiscales de Sala y se garantiza la asignación objetiva de fiscales investigadores. La policía judicial dependerá funcionalmente del fiscal durante las investigaciones.
