Locus Appellationis: Boletín Informativo del Ilustre Colegio de Abogados de León

• Las abogadas instan al Gobierno a realizar una reforma integral de la Pensión de viudedad, fundamentada en la individualización de los derechos de protección social.
• Exigen la garantía del mantenimiento del puesto de trabajo en los supuestos en que la mujer haga uso de los derechos de conciliación de la vida laboral y familiar.
• Proponen una modificación legislativa que contemple el permiso de paternidad con carácter obligatorio e intransferible.
• Exigen medidas para la asistencia jurídica obligatoria previa a la interposición de la denuncia, así como a la solicitud de la orden de protección

El XXII Congreso Estatal de Mujeres Abogadas ha abordado en su encuentro de Madrid a mediados de noviembre el "Derecho desde una Perspectiva de Género", a través de tres ponencias que abarcan cuestiones legislativas relacionadas con la mujer. Desde el Balance sobre la Ley de Igualdad hasta el Derecho de Familia y el Análisis de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. En cada una ellas se analizan efectos positivos y negativos, se denuncian fallos y carencias, se aportan propuestas, se instan reformas y se exigen medidas encaminadas a mejorar la situación social, laboral, económica y familiar de la mujer.

Desde León fueron 7 abogadas a la reunión anual nacional, pertenecientes a la Asociación Leonesa de Abogadas (ALEA), que si bien no presentaron en esta ocasión ninguna ponencia, sí participaron activamente en talleres y coloquios. Fruto de esa reunión será una jornada que probablemente se desarrollará en León para analizar las pensiones de viudedad, aspecto que podría exponer la autora de una de la ponencia del congreso.

En el "Balance de dos Años y medio de Aplicación de la Ley de Igualdad" se hizo un exhaustivo análisis de la situación, destacando los aciertos y subrayando los fallos, según recogen las conclusiones.

Entre lo positivo se encuentra el incremento del porcentaje de mujeres concejalas y disputadas, que pasa del 28 al 37%, cifra que se considera un avance importante. El establecimiento del permiso de paternidad, que benefició al 54% de los nuevos padres (518.967), entre los que destacan los trabajadores por cuenta ajena. Otro aspecto positivo es la creación de Unidades de Igualdad en entidades públicas y Universidades, lo que ha permitido la elaboración de un Informe de Impacto de Género de los Presupuestos Generales del Estado.

Entre los efectos negativos destacan la escasa visibilidad y virtualidad de los Planes de Igualdad en las empresas de más de 250 trabajadores, como obliga la Ley. Denuncian que los jueces y tribunales, en la resolución de conflictos obvian la aplicación integradora de las directrices y principios de la Ley de Igualdad, cuando no "expresan su explícito rechazo a estimarla como fuente primaria de interpretación del ordenamiento jurídico", señala el documento.

Denuncian igualmente a las instituciones de la Abogacía, que no están aplicando el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en sus órganos de toma de decisiones. O el déficit de representación en organizaciones empresariales, sindicales, mesas de negociación y órganos de participación institucional.

Subrayan que pese al incremento de nacimientos "no se percibe un incremento del número de trabajadoras que son beneficiarias de la prestación por maternidad, ya que ha descendido de 180.333 en 2008 a 172.709 en el mismo semestre de 2009". Tampoco se está aplicando la Ley en las Medidas Anticrisis, dirigidas fundamentalmente a "sectores masculinizados", según el informe de las conclusiones.

Para enmendar esas carencias proponen una serie de medidas derivadas de la función social que conlleva la maternidad, cuestión que ha de dar derecho a la protección de la misma a través de diferentes prestaciones, en este caso también desde la Mutualidad de la Abogacía, a la que piden que las equipare a la Seguridad Social. Instan una modificación legislativa que "contemple el permiso de paternidad con carácter obligatorio e intransferible, de modo que las labores de cuidado de los menores y las personas dependientes se adapten al principio de corresponsabilidad".

El escrito denuncia la interpretación restrictiva de juzgados y tribunales respecto al artículo 34.8 del ET en cuanto al horario de trabajo, a fin de conciliar la vida laboral y familiar. Exigen también la garantía del mantenimiento del puesto de trabajo en los supuestos en que la mujer haga uso de esos derechos de conciliación.

Por último, el resumen de esta ponencia insta al Gobierno a reformar la Pensión de Viudedad prevista en la Disposición Adicional nº 25 de la Ley 40/2007 de Reforma de la Seguridad Social "fundamentada en la Individualización de los derechos de protección social como vía necesaria para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres". Consideran las letradas que la ley debe contemplar aspectos como la discriminación en el empleo, el desequilibrio económico tras las rupturas de pareja y la falta de reconocimiento expreso en términos económicos al trabajo gratuito de las mujeres.

Proponen que el futuro modelo permita que hombres y mujeres accedan individualmente a la pensión de vejez, complementada con medidas de reparto de cotizaciones y reconocimiento de los periodos de dedicación a hijos y familiares dependientes.

"El Derecho de Familia desde una perspectiva de Género" fue otra de las ponencias que, según la autora, constata en las crisis familiares que se mantiene el poder del varón, pese a las medidas de igualdad y reparto de tareas.

Por ello exigen que se respete la prohibición de la mediación en los casos de violencia de género y que los órganos jurisdiccionales se "abstengan de arrogarse cualquier otra función que no sea juzgar". Igualmente plantean la necesidad de formación de las personas mediadoras, que la legislación autonómica respete los criterios de la Directiva UE, y que la custodia compartida (alternativa) se establezca sólo en caso de acuerdo de los progenitores, etc.

Exigen las abogadas que se agoten todos los medios antes de realizar pruebas pericial-psicosocial a los niños, por entender que supone una intromisión en su intimidad. Finalmente, demandan la inmediata implantación de un Protocolo de Actuación en las pruebas realizadas por los equipos psicosociales de los Juzgados.

La Tercera y última ponencia abordó un "Análisis Práctico de la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género" suscitó un gran debate y una amplia batería de denuncias, entre las que figura la falta de garantías en el acceso a los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género, ya que carecen de asesoramiento previo especializado a la interposición de la denuncia, no se recaban elementos de prueba en los atestados policiales, falta formación de los equipos técnicos, no se les facilita suficiente información de sus derechos como víctimas de violencia de género, etc.

Denuncian también que la violencia psíquica permanece invisible y no se le otorgan órdenes de protección, o que falta personal en los equipos psicosociales, que falta voluntad de algunos/as jueces/zas en la aplicación de la ley, que faltan recursos económicos para el cumplimiento íntegro de las disposiciones, etc.

Por todo ello, el documento final del Congreso exige el cumplimiento de la Ley Integral en materias como la formación multidisciplinar en género de juezas/es, la emisión de informes técnicos con mayor rigor y conocimiento de la situación de las mujeres víctimas de violencia, el cumplimiento de los protocolos de actuación interdepartamental, la notificación a las víctimas de la salida de prisión de su agresor y otras cuestiones.

En su opinión deberían articularse medidas como la asistencia jurídica previa ala interposición de la denuncia, mayor prioridad para las víctimas en las dependencias judiciales, mejora de la coordinación de los organismos involucrados, asistencia psicológica previa a la denuncia, mayor dotación de recursos económicos para más juzgados… Instan también las abogadas a los Colegios de Abogados/as para que modifiquen sus Reglamentos del Turno de Oficio, de modo que exista uno específico para imputados por Violencia de Género distinto del otorgado a las víctimas, así como mejorar los protocolos de actuación y que los responsables judiciales participen en actividades de especialización en la materia de forma obligatoria. En definitiva, cuestiones que a su entender mejorarían la atención a las personas y evitarían situaciones dolorosas e incluso traumáticas para las víctimas de Violencia de Género.