Locus Appellationis: Boletín Informativo del Ilustre Colegio de Abogados de León

El Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad de 328 diputados una Proposición no de Ley, por la que instan al Gobierno a realizar reformas legislativas en el plazo de seis meses, a partir del 29 de septiembre, para proceder a la plena y efectiva universalización de la asistencia sanitaria. La propuesta tiene como base una ponencia del CGAE, la Mutualidad y los Colegios de Abogados. Ya ha sido respondida favorablemente también en las Comunidades de Galicia y Cataluña.

Según información de la Mutualidad de la Abogacía, a pesar de que el en el artículo 41 de la Constitución Española se reconoce que los poderes públicos "mantendrán un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos", hoy en día no se cumple este precepto. "Aunque la sanidad pública se financia con los impuestos de todos los españoles y el Estado transfiere a las autonomías una cantidad por cada ciudadano residente, en la práctica sólo reciben la tarjeta sanitaria los afiliados a la Seguridad Social", indica.

La situación actual proviene desde cuando el sistema sanitario dependía de la Seguridad Social y tan sólo recibían asistencia sanitaria sus afiliados. En la actualidad los servicios de salud están transferidos a las Comunidades Autónomas, sin haberse subsanado la cuestión de que aún quedan excluidos de este servicio un número limitado de ciudadanos, un 0,6% de la población, según el Defensor del Pueblo.

Entre los excluidos figuran algunos colectivos profesionales que hace tiempo optaron por otro tipo de previsión social o mutualidad, caso de arquitectos, abogados, algunos autónomos agrarios, etc. Figuran también ciudadanos extranjeros residentes y grupos vulnerables de nuestra sociedad que se han visto privados de un derecho constitucional, recoge la información de la Mutualidad de la Abogacía.

El origen de esta reivindicación hay que buscarlo en la acción conjunta de instituciones como el CGAE, la Mutualidad y los Colegios de cada Comunidad Autónoma, que en 2007 elaboraron una ponencia en defensa de los derechos de los ciudadanos en un Estado de justicia e igualdad. Dicha ponencia fue trasladada a los grupos parlamentarios y las diferentes Consejerías de Sanidad de las Comunidades Autónomas. En ella se reflejaba el agravio y discriminación que suponía que un pequeño número de ciudadanos no tuviese derecho a la sanidad pública.

En Comunidades como Galicia y Cataluña ya ha habido una respuesta encaminada a reconocer el derecho a todos sus ciudadanos. Galicia ya ha entregado una tarjeta sanitaria a un colectivo al servicio de la comunidad como son los abogados del turno de oficio. Igualmente se ha publicado una Ley de Sanidad que establece el derecho a la asistencia universal y gratuita para todos los residentes en la Comunidad.

En Cataluña se ha materializado un acuerdo entre la Consejería de Sanidad, el Servicio Catalán de Salud y el Consejo Catalán de Colegios de Abogados para la progresiva entrega de las tarjetas sanitarias a los abogados.

Estos acuerdos puntuales y la unanimidad en la aprobación de la Proposición no de Ley en el Congreso de los Diputados, "han sido valorados muy positivamente" por las instituciones de la abogacía. Como subraya la Mutualidad, con ello ven reconocida su reivindicación de un derecho básico, como es el carácter universal de la asistencia sanitaria de los españoles.