Locus Appellationis: Boletín Informativo del Ilustre Colegio de Abogados de León

"La comunicación entre el fiscal y los abogados es fluida y la relación excelente, más allá de algún exceso verbal en el que todos podemos caer"

Emilio Fernández Rodríguez tomó posesión del cargo de Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de León el pasado 30 de julio. Compatibiliza esta nueva responsabilidad con su anterior cargo al frente de la Fiscalía para asuntos económicos, como especialista en delitos monetarios, a la espera de encontrar un sustituto.

Madrileño de nacimiento y leonés por genética y de corazón, ama la montaña por encima de otras cosas, porque en ella se relaja y se siente feliz. Reconoce que va "todo lo que puede pero menos de los que quisiera". Se siente bien en la piel de fiscal y admite que la suya es una profesión en la que es fácil equivocarse. "En Derecho las cuestiones son opinables, la ley puede tener dificultades de interpretación, pero no puede haber respuestas distintas para situaciones similares", subraya. Como responsable de la Fiscalía Provincial, echa de menos que cuando se crea un nuevo juzgado no se incremente también una plaza de fiscal. O que en los repartos del espacio y las nuevas tecnologías no les asignen lo necesario para desempeñar su labor con la eficacia y calidad que le gustaría ofrecer a los ciudadanos leoneses.

Después de 25 años como fiscal en León seguro que conoce casi todas las áreas, pero su especialidad, los delitos económicos, no gozan de seguidores entre la mayoría de sus compañeros. ¿Ha encontrado relevo para su anterior cometido? ¿Dan abasto con el ingente trabajo que procede de este ámbito como consecuencia de la crisis económica?

Los delitos económicos en realidad comprenden los delitos contra la Hacienda Pública, los delitos de impuestos, insolvencias punibles y estafas, todo ello de especial complejidad. No comprende los robos. Es por tanto un ámbito limitado y no son muchos los asuntos, aunque sí complicados. Hablamos de evasiones de impuestos, quiebras fraudulentas, etc. Son unos delitos que no gustan porque son muy voluminosos, tienen muchas cifras. Además se arrastran en el tiempo, pueden llevar seis o siete años, incluso más. Por todo ello, aún no he encontrado relevo. Llevo ocupándome de ellos 15 años y continúo, cuestión que me supone una dedicación muy especial y ahora, con las responsabilidades de la Fiscalía, es más difícil de llevar aún.

En su discurso de toma de posesión como Fiscal Jefe anunció que intensificaría la lucha contra los delitos "que más repugnan a la sociedad y que crean mayor alarma", como la violencia de género, la violencia contra menores,… ¿Qué actuaciones ha llevado a cabo en este tiempo para lograr ese objetivo?

Tenemos instrucciones precisas de la Fiscalía General, existen ya unos servicios organizados que funcionan bien en la lucha contra estos delitos. Procuramos estar presentes en todas las actuaciones. Son asuntos que se llevan adelante en ocasiones con la oposición de las propias mujeres, en el caso de la violencia de género. Es muy frecuente que las mujeres reanuden la convivencia y sin embargo estamos obligados a mantener la protección y las órdenes de alejamiento, incluso en contra de la opinión de la víctima. La legislación es un poco conflictiva en este sentido. Normalmente hay que mantener la prohibición hasta la sentencia. Dura lo que dura la instrucción y lo que marque la sentencia después.

El Fiscal General ha hablado de la necesidad de la especialización. La Fiscalía de León cuenta con especialidades en delitos de Menores, Económicos, de Siniestralidad Laboral, Violencia de Género, Extranjería, Seguridad Vial y Medio Ambiente, siete en total, ¿hace falta alguna especialidad más?

Hay más especialidades. A veces se reclama para cuestiones concretas por una especial relevancia. Hay especialidades también en materia de delitos económicos, como hemos dicho antes, o de incendios forestales. El problema en las fiscalías pequeñas es más complejo. No tenemos personal suficiente. Somos 22 fiscales, 15 en León y 7 en Ponferrada.

"Se nos supone un cierto nivel funcionarial, pero hay casos en los que sigue siendo un deseo tener un despacho individual".

En Ponferrada hay por fin un Fiscal Jefe de Área. ¿Ha notado la descarga de trabajo desde que se creó?

El alivio es notorio. Ellos tienen sus propias competencias territoriales, que incluye también Villablino. Tienen una gran autonomía, aunque dependen en cuestiones generales de la Fiscalía Provincial, sobre todo en cuanto a la unidad de criterios se refiere. No obstante, el fiscal, Jacinto Fernández Villalvilla, tiene todas las competencias. No olvidemos que el Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León convoca siempre al Fiscal de Área del Bierzo. El Bierzo tiene una problemática especial, unas circunstancias geográficas distintas y ello genera problemas distintos. Cada Partido Judicial tiene su propia psicología, es singular, como pude comprobar hace unos años, cuando recorría la provincia.

Existen 7 fiscales para El Bierzo. ¿Se ha logrado la especialización por áreas?

Efectivamente, en Ponferrada, salvo Menores y Extranjería, tienen un fiscal especializado. En materia de servicios tiene que haber un fiscal delegado pero también otro fiscal subdelegado, si nos atenemos a las recomendaciones generales.

Que la litigiosidad ha aumentado parece evidente. Según esa premisa, ¿qué necesidades tiene la Fiscalía Provincial?

Como siempre, la Fiscalía requiere más medios y más personal. Esto deriva de la política de creación de nuevos órganos judiciales. Cuando se crea un nuevo juzgado no se crea también una plaza de fiscal. Somos una especialidad en este sentido menos considerada, vamos un poco a remolque. Vamos asumiendo el trabajo que se va generando a mayores sin incremento de personal en la Fiscalía.

En cuanto a medios materiales, en Ponferrada hace falta una nueva sede por problemas de espacio. En general, se da espacio a los nuevos juzgados y nosotros seguimos igual.

"Los delitos económicos no gustan a los fiscales porque son muy voluminosos y pueden llevar seis ó siete años".

El apartado de las nuevas tecnologías está siendo objeto de reivindicación en todos los ámbitos judiciales. El sistema Lex Net fue pionero en León y se ha extendido a otras comunidades, pero se circunscribe al ámbito penal. ¿Se ha extendido a otras jurisdicciones? ¿En qué punto de desarrollo nos encontramos?

Se ha mejorado mucho en los últimos años pero sigue siendo insuficiente. No acabamos de sacar a las nuevas tecnologías toda la potencialidad que debiera. El último caso es el del sistema Lex Net, que posibilita la comunicación inmediata entre juzgados y los distintos profesionales. Para la Fiscalía es un paso muy importante, pero se hicieron unas pruebas y fracasaron. Estamos a la espera de que se subsanen esos problemas. Supondría tener un registro único que se inicia en los juzgados y al que se van añadiendo los informes de fiscalía, etc., de forma que se trasladaría rápidamente a los interesados.

Con los abogados y procuradores el sistema funciona muy bien. Precisamente hoy la Secretaria Coordinadora Provincial dice que ese sistema, que hasta ahora era opcional, ha pasado a ser único. Ya no habrá notificaciones en papel.

Lex Net es la primera piedra del expediente digital. Sustituye las comunicaciones en papel a través del procurador, mediante un sencillo correo electrónico con firma digital y a través de una red segura. Nada más enviar el correo tendrían el escrito los destinatarios. Se ha ido haciendo por colectivos y por jurisdicciones, pero la idea es que se generalice. En Fiscalía se empezó por la jurisdicción penal y después nos gustaría que se extendiera a todas. Pero hacen falta inversiones decididas y mejora de las redes. La comunicación juzgado-fiscalía, desgraciadamente, aún no funciona por los motivos técnicos que expuse antes.

La falta de medios es una reivindicación secular en el ámbito de la Justicia ¿Es tan penosa la situación en los centros de trabajo como dicen?

Sí, es penosa. En los juzgados 8 y 9 los trabajadores están hacinados. En Fiscalía no estamos mucho mejor. Cuando yo empecé lo normal era que los fiscales trabajaran juntos en un mismo despacho. Hasta doce fiscales en el mismo espacio en las grandes Fiscalías. Después se fue reduciendo progresivamente pero sigue siendo un deseo tener un despacho individual. Se nos supone un cierto nivel funcionarial, pero eso no lo hemos conseguido todavía. No quiero pensar que en esta situación se nos encomiende la instrucción a los fiscales. Eso sería imposible. En un despacho en el que trabajan dos o tres fiscales tienen que recibir a los policías, a los abogados, a los detenidos… Es una tarea casi imposible. Es una necesidad que seguimos teniendo. Aún no hemos conseguido trabajar de forma individual al cien por cien, necesario para ser más efectivos.

Es más, el Ministerio Fiscal sigue sin tener partida propia en los Presupuestos del Estado.

Eso es incompatible con el servicio de calidad que usted programó cuando se incorporó como Fiscal Jefe al organigrama de la Justicia provincial. ¿Se ha experimentado algún cambio en estos meses?

Evidentemente. Somos una institución de rango constitucional y aún así no tenemos esa singularidad. Tampoco tenemos gastos de protocolo, con las relaciones que conlleva la institución. No existe esa partida presupuestaria.

"En los delitos de Violencia de Género estamos obligados a mantener la protección y las órdenes de alejamiento, incluso en contra de la opinión de la víctima".

¿Es la Justicia, entonces, la gran olvidada?

No hay una especial atención a la Justicia. Se está haciendo un esfuerzo en los últimos años pero aún queda mucho. Nosotros tenemos ordenador propio desde hace cinco o seis años, tan sólo. Bases de datos individuales no teníamos hasta el año pasado. Se ha mejorado, pero sigue habiendo cicatería.

¿Los fiscales tienen reservado algún espacio en la ampliación del edificio de los juzgados?

No exactamente. Ahí sólo estará la nueva Oficina Judicial y la Fiscalía de Menores. No está previsto para nuevos juzgados (pese a que está en puertas el Contencioso nº 3) y menos aún para la Fiscalía. Se liberará espacio en el viejo edificio pero eso requiere una adaptación que conlleva también una inversión importante. Los fiscales seguiremos donde estamos. Siempre tenemos que estar vigilantes y atentos para que se nos tenga en cuenta en las reformas y ampliaciones. El problema del espacio es endémico.

¿Qué pasó con su propuesta de realizar jornadas de puertas abiertas, no sé si al estilo de lo que se hace cada año en el Senado?

Al fiscal se le identifica siempre con el malo de la película, tal vez derivado del conocimiento que tienen los ciudadanos del sistema procesal americano y no del español. El fiscal defiende la legalidad, defiende a la víctima pero también defiende los derechos del acusado si han sido violados. No siempre acusamos, a veces defendemos. Es conveniente que los ciudadanos conozcan que en la persecución de los delitos basta con que lo denuncien. No tienen que enfrentarse al acusado ni hacer ningún gasto.

Lo de acercar la institución a los ciudadanos me parece importante. Hay colegios que solicitan que se explique a los alumnos cómo funciona la Justicia, aspecto en el que estoy dispuesto a colaborar. Incluso me divierte que asistan a un juicio para tener un conocimiento directo de cómo actúan los profesionales de la Justicia. Es llamativo que quienes nos conocen valoran más positivamente nuestra labor que aquellos que nunca han tenido un juicio.

Más llamativo aún es que algunos protestan por la rapidez con la que resolvemos casos en juicios rápidos.

"Los ciudadanos desconocen que un fiscal puede tener muchos juicios en un día. Yo he llegado a tener 50 en una mañana".

¿Hay muchos retrasos en los asuntos de la Fiscalía?

La Justicia en León funciona razonablemente bien. En los juicios rápidos se da el caso de que asuntos por alcoholemia se resuelven con menos de 12 horas desde que ocurrió la infracción. Igual ocurre con violencia de género. Discusiones de madrugada que al día siguiente se resuelven en juicio rápido. Es así por imperativo legal.

Eso sí, esa rapidez va en detrimento de otros asuntos. Si no se establece una plantilla mayor para estos asuntos, el resto va más despacio. La instauración de nuevos y más rápidos servicios no ha ido acompañada de nuevos puestos de trabajo. La Violencia de Género sólo conllevó la creación de 14 juzgados en toda España.

Los delitos económicos siempre se retrasan. Los delitos contra la Hacienda Pública requieren una investigación por parte de Hacienda, que dispone de cuatro años para hacer la investigación en el caso del IVA. Lo mandan cuando está a punto de expirar el plazo y naturalmente después vienen los informes periciales, los recursos, etc. de forma que puede haber algún asunto de 2002, por citar un ejemplo.

Cada delito tiene su dificultad. Cuando se trata de lesiones físicas hay que esperar hasta que están curadas antes resolver el asunto.

"Está de moda denunciar ante el fiscal. En el tiempo que llevo en el cargo he conocido gente que viene a denunciar asuntos propios y ajenos".

La unificación de criterios es otra cuestión de la que habló usted nada más incorporarse al puesto que ahora ocupa. ¿Se ha avanzado en ese asunto?

Es un tema que me preocupa especialmente. En Derecho las cuestiones son opinables, no son matemáticas. Además la propia ley puede tener dificultades de interpretación, pero no puede ser que para situaciones similares haya respuestas distintas, aunque pasa frecuentemente tanto entre provincias como entre un fiscal y otro o un juzgado y otro. Las reuniones periódicas de la Junta de Fiscalía están dando sus frutos, así como las que tienen los magistrados. Con relación a Ponferrada somos especialmente cuidadosos buscando esa unificación, siempre dentro de la especificidad de cada caso.

Los menores son objeto de análisis y debate en la sociedad. El Consejo General de la Abogacía ha celebrado unas jornadas sobre el tratamiento de los menores en los medios de comunicación. La edad penal es otra cuestión que sale a la palestra a menudo. ¿Considera necesarios algunos cambios legislativos en ese sentido?

No soy muy partidario de los cambios legislativos. Tampoco es muy conveniente que haya reformas muy seguidas, eso crea inseguridad jurídica.

El tema de la edad penal corresponde al legislador y yo no puedo entrar. Es un tema complicado, que requiere un consenso social. Es evidente que las penas a veces resultan benignas para delitos muy graves y hacen falta más medios. No es tanto un problema legislativo como de medios, caso de centros de reforma de menores en cada provincia. Los de León hay que enviarlos a Valladolid, al centro Zambrana.

Comprendo que a veces se suscite la alarma social, cuando delitos graves se penan con medidas benignas. Pero en realidad la justicia de menores funciona razonablemente bien. Quizá tiene un criterio que parte de una protección a ultranza del menor. A veces se parte de que el menor es bueno pero tiene malas compañías, algo que no siempre es así. Hay menores que tienen unas tendencias muy claras y luego se ven repetidas, es como una especie de carrera criminal. Se intenta hacer con ellos todo lo que se puede pero al llegar a los 18 siguen igual y pasan a caerles condenas de adultos. En la mayoría de los casos esas sanciones benignas no cumplen la función deseada.

En León tenemos un Fiscal de Menores. ¿Es suficiente para el volumen de trabajo que llega a este departamento?

Sí pero está auxiliado por otros dos. No lo lleva todo él solo.

Recientemente ha tenido relevancia pública un debate sobre la autoridad de los profesores en las aulas, profesionales que son junto con los padres la piedra angular del sistema. Usted se ha manifestado partidario de cambiar la ley para dar más autoridad al profesorado e incluir también a los centros privados en esa regulación. ¿Puede explicar su posición al respecto?

Estoy de acuerdo en que hay que proteger al profesor. Se ha producido un problema que corresponde a las leyes educativas, estas deben ser las que robustezcan la autoridad del docente. Como fiscales, sólo podemos intervenir en el ámbito penal. Las agresiones a los docentes de un centro público se castigan como delito de atentado y además el delito o falta de lesiones que derive de la agresión.

"El sistema Lex Net funciona ya como único sistema de comunicación con abogados y procuradores. No hay notificaciones en papel. En la Fiscalía, en cambio, estamos a la espera de que se implante".

¿Sólo para los docentes de centros públicos?

El Código Penal establece que el delito de atentado es contra una autoridad o funcionario público. Obviamente sólo se puede considerar a los docentes de centros públicos, no a los de centros concertados. Es igual que a los trabajadores del ámbito sanitario. Sólo se les puede considerar así si están en la Seguridad Social, no si están en una clínica privada. Otra cosa sería que se revisara la ley, que se les asimile al concepto de funcionario para casos de delitos de atentados.

En la misma línea de falta de respeto y consideración, e incluso agresión, parece que se encuentran también padres y familiares de menores conflictivos. ¿Qué se puede hacer en este sentido?

Si es menor de catorce años no se puede hacer nada contra él, pero de esas edades hay muy pocos casos. Hay más entre 14 y 18 años. Ahí son consideradas agresiones familiares, aunque hay numerosos casos que no se denuncian. Es más, los casos denunciados tampoco prosperan en muchas ocasiones. Los propios padres retiran la denuncia. Alegan que sólo quieren que le llamen la atención, que le ingresen en algún sitio para que se corrija. Pero hay casos graves. Hay denuncias de padres que deben dormir con la puerta de su habitación cerrada por temor a las agresiones de un hijo. Después de mucho sufrimiento lo denuncian y finalmente no quieren que vaya a la cárcel. Prefieren restarle gravedad a la agresión.

Los avances tecnológicos son una constante en la sociedad actual. Al arrullo de esas innovaciones surgen nuevos delitos. Se habla de redes sociales en Internet, de falta de privacidad y riesgos mil a través de la red. ¿Está preparada la Fiscalía para evaluar esas infracciones?

La que seguramente no está demasiado preparada es la legislación. Se han ido incorporando previsiones para delitos informáticos como destrucción de ficheros, estafas informáticas, etc. Pero en el tema de la privacidad las fronteras son difusas. Se plantean casos de venganzas con la exposición de fotos íntimas, de difusión de agresiones sexuales, etc. y en este sentido sí hay respuestas en el Código Penal. Las fronteras de la privacidad, sin embargo, no están del todo resueltas cuando hablamos del Facebook o el Twenty, por citar algunas vías.

"En los delitos de Violencia de Género estamos obligados a mantener la protección y las órdenes de alejamiento, incluso en contra de la opinión de la víctima".

Auténtica alarma ha creado el error que hace unas semanas ha llevado a un chico de 25 años a ser acusado, erróneamente al parecer, del asesinato y violación de la hija de su pareja, de tres años de edad. ¿Cómo es posible que se cometan estos errores?

Son posibles, desgraciadamente. Las agresiones sexuales a veces se confunden con patologías benignas y no siempre es por contactos directos. A veces los síntomas son difíciles de valorar médicamente y más si es de forma precipitada, sin realizar todos los análisis. Yo he tenido casos similares en los que se nos ha avisado sobre algún menor que tiene lesiones compatibles con una agresión sexual. A partir de aquí se monta un dispositivo y se trata de averiguar la verdad.

A veces el tema se complica si hay algún conflicto entre los padres, que pueden estar en trámites de separación y luchando por la custodia. Es fácil que alguno denuncie al otro por agresión sexual tomando como base síntomas leves en los órganos sexuales debidos a otras cuestiones. Todo ello puede provocar situaciones como la citada. Son terribles y hay que procurar evitar verse arrastrados por denuncias que requieren un tiempo para contrastar científicamente.

A menudo vemos en los medios de comunicación la amenaza de acudir al fiscal tanto de políticos como de ciudadanos que tienen sospechas sobre posibles ilegalidades. ¿Significa eso una mayor politización de la sociedad que hace unos años, o simplemente forma parte del sistema democrático y de control sobre quienes ostentan el poder?

Es un poco de todo lo que apunta. Existe una tendencia a judicializar los temas. Pero también que la gente es más consciente de sus derechos, es más proclive a denunciar posibles ilegalidades y también, claro, hay gente que no tiene más que hacer.

En el poco tiempo que llevo en el cargo ya he conocido personas que vienen a denunciar cosas propias y ajenas, sólo como ciudadano. Está de moda denunciar ante el fiscal. Ocurre más en períodos electorales o preelectorales.

El fiscal no se puede convertir en revisor de toda la actividad pública de todos los ayuntamientos de la provincia, como de hecho me está pasando. Me encuentro con determinados ayuntamientos a los que se denuncia por hechos que más que delito son meras ilegalidades administrativas. No todas son delitos y para eso está la vía contencioso-administrativa. No se puede venir a la Fiscalía para que "miremos" las cuentas y ver si hay delito. La mayoría son denuncias muy amplias y poco concretas. Esa no es nuestra función.

"En nuestro país no hay una especial atención a la Justicia. Pese al esfuerzo de los últimos años, aún queda mucho por hacer".

Los delitos medioambientales son cada vez más numerosos en la provincia, sobre todo los relacionados con los incendios. ¿Se deben extremar los controles y endurecer las penas? Otro aspecto es el de las instalaciones eólicas, hay quien opina que si se es muy exhaustivo se frena el desarrollo económico de la Comunidad.

Los delitos medioambientales son muy importantes para el ciudadano. En materia de incendios forestales lo idóneo es la prevención. No hay más incendios que antes, pero ahora alcanzan más desarrollo porque el bosque está menos cuidado, los caminos naturales se han ido perdiendo, hay menos ganado… Cualquier incendio en épocas estivales puede producir daños graves. No soy partidario de aumentar las penas. Sí de mejorar la prevención.

Descubrir a los autores tampoco es fácil, sobre todo por falta de colaboración ciudadana. Lo que verdaderamente intimida no es una pena muy grande sino una pena que se cumpla. Que el que lo haga lo pague. El aumento de la pena no disuade a los incendiarios.

Por lo que se refiere a los parques eólicos, tengo varias denuncias. Se presentan primero en Fiscalía y están en investigación. No somos especialmente exhaustivos, pero sí queremos que se cumpla la legalidad. Ocurre que algunos parques no tenían las preceptivas licencias ambientales. Otros tenían sentencias en contra del TSJ. No somos "tiquismiquis", es que aplicamos la normativa. Nuestro criterio es perseguir los hechos más graves, los que se han saltado la legalidad de forma grosera y evidente, faltando a los requisitos mínimos. Luego hay asuntos como la cantera del Feixolín o la de Catisa en El Bierzo, casos en los que no se ha respetado el medio ambiente de forma muy clara. La intención de la Fiscalía es tan sólo castigar los hechos más claros y evidentes de falta de respeto a la normativa.

Al parecer es usted un hombre amante de la naturaleza. Es conocida su afición a la montaña, más admirable si tenemos en cuenta que nació y se crió en Madrid.

La montaña me relaja, en ella me encuentro feliz y voy todo lo que puedo, aunque no todo lo que quisiera. He vivido mucho en la zona de la montaña, mi madre es de Boca de Huérgano, aunque vive en Madrid, y mi padre era de La Remolina y allí pasé mucho tiempo en verano pese a haber nacido y estudiado en Madrid. Me siento leonés de corazón.

"Habitualmente se nos acusa de lentitud. Ahora hay ciudadanos que protestan por la rapidez con la que resolvemos en casos de juicios rápidos".

¿Encuentra alguna relación entre esa afición al esfuerzo que supone el ascenso y la conformación de la propia personalidad?

Creo que sí, que algo puede tener que ver. Si tomamos la línea de argumentación por el esfuerzo, para subir una montaña hay que hacer un esfuerzo sostenido y continuado, al igual que para ser fiscal. Es una carrera de fondo y si te desfondas, no apruebas. El trabajo en sí es apasionante en muchos momentos, pero debe ser constante y continuado. Hay veces que me gustaría tener el típico trabajo de funcionario. Jueces y fiscales nos vamos con los problemas a casa, te duermes pensando en el trabajo. Las vacaciones suele ser habitual entre muchos compañeros que empecemos "comiéndolas". Intentamos sacar ese trabajo en los primeros días para poder estar más relajado en las vacaciones. A veces hay críticas injustas en la prensa, se nos critican los retrasos, las injusticias, etc. No se nos valora como debiera.

¿Ha sentido en algún momento esa admiración que la ciudadanía tiene por quienes ejecutan la justicia, jueces y fiscales sobre todo?

Alguna vez me ha pasado. Ves alguien que te mira y piensas que te van a recriminar pero resulta que es lo contrario, que te felicitan por tu actuación. Sí, es una situación agradable.

Pero en estas ciudades pequeñas también se da la postura contraria. Alguno llega a ponerse incluso faltoso o provocador.

Aparte de la montaña. ¿Qué otras aficiones tiene? ¿A qué dedica el tiempo libre, como dice la canción?

Tengo poco tiempo libre. Quizá también por mi forma de trabajar. Veo compañeras que son más organizadas. En mi caso trabajo por la tarde, por la noche e incluso en fines de semana. Pero también le dedico tiempo a la montaña, a la familia, a los amigos y al bricolage.

"La Justicia de Menores tiene como criterio su protección a ultranza. Sin embargo, hay menores con tendencias muy claras que se van repitiendo. Es una especie de carrera criminal".

Fiscalizar y juzgar es una tarea difícil. ¿Es también una función ingrata?

Sí, es una tarea difícil y no siempre encuentras la compresión de la gente. Desconocen que lo que ven en la prensa en cuestiones llamativas y alarmistas es tan sólo la versión de una parte. Sería necesario conocer la otra opinión, la del que salió beneficiado. Pero sólo se destaca la versión negativa, y eso duele. Has puesto mucho esfuerzo, era una situación complicada, le has dedicado años de trabajo y te encuentras con una valoración negativa. No obstante, no me quejo. Por encima de todo tiene que estar la propia honestidad. Lo importante es tener la conciencia tranquila, procurar hacerlo bien después de sopesar pros y contras, de confrontar opiniones y dedicarle un tiempo a la reflexión.

Es una profesión en la que es fácil equivocarse. No es la medicina, en la que hay pruebas casi irrefutables. Aquí nos movemos con opiniones y declaraciones muchas veces parciales. En ocasiones son hechos ocurridos en el ámbito de la intimidad y no puedes hacer mucho más, ahí sí te preocupa equivocarte. Intento que no me quite el sueño en demasía, pero es inevitable la inquietud previa a un juicio. Después trato de borrarlo de la memoria.

Algo que desconocen los ciudadanos es que un fiscal puede tener muchos juicios en un día. Yo he llegado a tener hasta 50 en una mañana y eso son 50 historias que tienes que aprender. Sólo le puedes dedicar el tiempo que tienes, que no es mucho. Con todo, es una profesión gratificante.

Para terminar, ¿cómo es su relación con los abogados?

En general me llevo bien con ellos. En León tenemos una relación fluida. Tenemos también posiciones distintas y a veces nos enfrentamos incluso con calor, con algún exceso verbal, pero la comunicación es fluida y la relación excelente.

Recientemente hemos firmado un Protocolo de Conformidades entre la Fiscalía General del Estado y el Consejo General de la Abogacía para facilitar las relaciones entre abogados y fiscales. Quizá se podría avanzar aún más en este camino. No es necesario ir a juicio para llegar a acuerdos. Eso no significa que se perdone la pena, sino buscar una pena que sea razonable y que estén dispuestos a aceptar el cliente y el abogado. Eso se consigue hablando y es una vía que se debe de explorar. Evitaríamos esperas innecesarias en los juzgados, ganaríamos en rapidez y supondría además un ahorro económico a tener en cuenta.